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El Consejo Directivo de FSC decide desasociarse de Jari.
El FSC inició una investigación proactiva del Grupo Jari (Jari) al tener conocimiento de las acusaciones de participación en la tala o el comercio ilegal de productos forestales y de violación de los derechos tradicionales y humanos en las operaciones forestales. Después de la investigación del Grupo de Quejas, se concluyó que Jari había participado de hecho en la tala ilegal, por lo que el Consejo de Administración del FSC acordó desvincularse de la empresa.
El Consejo Directivo de FSC decide desasociarse de Jari.
El panel de investigación realiza una visita de campo a las operaciones de la empresa en Brasil. Se realizan entrevistas a los representantes de la empresa, así como a los actores sociales y los miembros de la comunidad afectados.
Establecimiento del panel de investigación. Primera reunión del panel de investigación celebrada en Sao Paulo (Brasil), que marcó el inicio de la investigación.
FSC suspende todos los certificados FSC otorgados a Jari, como medida de prevención, aplicable hasta que concluya la investigación de la PpA.
FSC Internacional toma la decisión de llevar a cabo una investigación proactiva de Jari en virtud de la Política para la Asociación.
Si bien se encontraba al tanto de la investigación, la entidad de certificación de Jari no pudo revocar los certificados FSC de la empresa, dado que las áreas de manejo forestal investigadas no estaban dentro del alcance del área certificada por FSC.
Debido al riesgo de que las actividades de Jari infringieran la Política para la Asociación con FSC (PpA) -y con el fin de garantizar la integridad y credibilidad de la certificación FSC y su sistema- FSC decidió llevar a cabo una investigación proactiva sobre la organización de conformidad con la Política para la Asociación incluyendo operaciones forestales certificadas y no certificadas de Jari.
El panel de investigación se basó en el informe y las averiguaciones de la Investigación Federal Brasileña para utilizarlos en el marco de su propia investigación en virtud de la Política para la Asociación y el subsiguiente informe concluyente.
A lo largo del proceso de investigación, llevado a cabo de conformidad con la Política para la Asociación, a Jari se le dio la oportunidad de aportar sus observaciones y exponer su defensa. Cuando se llevan a cabo las investigaciones en virtud de la Política para la Asociación, los paneles de investigación utilizan marcos y sistemas jurídicos nacionales, además de incorporar las leyes y convenciones internacionales aplicables para garantizar investigaciones imparciales y justas.
Además, se sospechaba que Jari seguía violando los derechos humanos y tradicionales al no cumplir con los términos de los acuerdos con las comunidades sobre el reconocimiento de los derechos de tenencia de la tierra y al utilizar la violencia contra los miembros de las comunidades durante el proceso de reclamación y defensa de sus derechos de tenencia de la tierra.
En cuanto a operaciones certificadas por FSC, se espera que las compañías mantengan los elementos centrales de los principios FSC, en concreto la protección de los pueblos tradicionales e indígenas que habitan en las áreas forestales. El panel de investigación detectó que Jari no reconoció ni mapeó de manera formal y consistente la existencia de comunidades tradicionales dentro de su área de manejo forestal, violando así la Política para la Asociación.
Para justificar e interpretar de forma más detallada sus conclusiones, el panel analizó los resultados del análisis de documentos y el involucramiento de los actores sociales en relación con las siguientes leyes y convenios nacionales e internacionales:
Convenios y leyes internacionales:
Estas leyes proporcionan el marco que complementa los Estándares FSC para definir las prácticas de manejo forestal a las que se espera que se adhieran las empresas certificadas.
Durante décadas, los pueblos tradicionales del estado de Pará han utilizado los bosques para extraer recursos naturales como la castaña, el açaí y otros productos forestales no maderables, y dependen del libre acceso a las áreas que se encuentran dentro de las unidades de manejo de Jari para su sustento y subsistencia. El hecho de no reconocer formalmente y posteriormente formalizar el derecho al libre acceso y la recolección de dichos recursos tiene un impacto negativo en el bienestar y los medios de vida de los miembros de la comunidad debido a la restricción de su acceso a los recursos forestales.
Sin un reconocimiento transparente y formal de las comunidades tradicionales, no existe una línea de base para los derechos de tenencia y uso de la tierra. Por otra parte, el mapeo comunitario ayuda a garantizar que los principios del CLPI (consentimiento libre, previo e informado) puedan aplicarse como lo requieren los Principios y Criterios de FSC.
Además, la Fiscalía Federal, la Policía Federal, el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y la Justicia Federal de Brasil descubrieron que Jari presentó información falsa al Sistema de Control de Productos Forestales de Brasil (SISFLORA), lo que llevó al "comercio virtual" de 5.070.653 m³ de créditos forestales indebidos. Así, se concluyó que Jari fue cómplice en el blanqueo de madera al sobrestimar hasta un 30% de sus volúmenes de madera, con lo que se superaban los créditos forestales y la sobreexplotación de los recursos forestales.
La hoja de ruta tiene en cuenta las condiciones recomendadas por el panel de investigación para la re-asociación, así como una minuciosa participación de los actores sociales, con el fin de compensar, remediar y prevenir las infracciones de la Política para la Asociación.