Se informó al panel de quejas de que más de 1000 familias habían sido desalojadas de sus tierras, incluidos numerosos veteranos con discapacidades y miembros de la minoría cham.
Hay pruebas de que los residentes locales se vieron privados de sus derechos de acceso y utilización de los recursos forestales, y de que las comunidades locales, en particular los Pueblos Indígenas, se vieron privadas de sus derechos tradicionales sobre la tierra y sus propiedades. Una de las razones sugeridas para la gran prisa que hubo a la hora de acaparar tierras es la de evitar que estas comunidades completen su registro de la propiedad de esas tierras.
Si bien hay pruebas de que en algunos casos se otorgó una indemnización a las comunidades, también hay pruebas de que en muchos otros casos no se pagó indemnización (por ejemplo, indemnización por la pérdida de árboles resinosos). En los casos en los que se pagaba una indemnización, esta no se acercaba en absoluto al valor de la madera, que era aproximadamente diez veces superior al que se pagaba.
Además, a los aldeanos que no estaban interesados en la venta de sus tierras forestales no se les ofrecía una alternativa, y no tenían otra opción que aceptar compensaciones no representativas.
El empleo ofrecido por la empresa como justificación de su presencia era en gran medida estacional, no cualificado y mal pagado, dejando a las comunidades sin acceso a una fuente de ingresos sostenible.
